domingo, 21 de agosto de 2016

SCHMELKES Y LA SOLUCIÓN RAZONABLE * Wenceslao Vargas Márquez


SCHMELKES Y LA SOLUCIÓN RAZONABLE

Wenceslao Vargas Márquez

Antes, durante y después de las vacaciones escolares ha estado vigente el tema de la reforma educativa y su arista más espinosa que es la evaluación docente. Algunos agentes sociales y políticos empiezan a entender que la reforma educativa sería más transitable si la evaluación docente tuviese otras características.


El 11 de julio el titular de la SEP se dio el plazo de 45 días para hacer un replanteamiento íntegro del proceso dentro del marco de la legislación vigente, cuando es justamente la legislación vigente (el cese y la expulsión del aula) la causa del problema de instrumentación que tiene la reforma. Con el mes de agosto acaba el plazo ofrecido.


El SNTE, en desplegado del 7 de julio planteó al gobierno en el punto 3 (de 10) quitar a la evaluación (docente) “toda visión o acción sancionadora o punitiva”. El párrafo dice: “Tercero. Exigir a la SEP, al INEE y a las autoridades educativas estatales, que reconozcan que la formación inicial, continua y la profesionalización docente, representan el eje de la Ley General del Servicio Profesional Docente. En ese sentido, exigimos eliminar del proceso de evaluación toda visión o acción sancionadora o punitiva”. Las negritas corresponden al original.


En el quinto punto del documento se plantearon características detalladas que el sindicato magisterial mayoritario desea, en la petición de que se elaboren “nuevos instrumentos de evaluación”. Dice el párrafo después de reclamar también la regionalización de los contextos: “Incorporar al proceso de evaluación del desempeño: la autoevaluación, la evaluación entre pares, la evaluación de directores y de colectivos docentes, como formas de participación directa de los trabajadores en el proceso, con la finalidad de lograr una evaluación más realista”. Se pidió enseguida que la evaluación docente se haga dentro de la jornada laboral (negritas en el original).  El 20 de agosto la prensa recupera la afirmación del líder nacional del SNTE que las propuestas del sindicato, para resarcir las inconsistencias del proceso de evaluación, “avanzan por buen camino”, y el plazo se vence con el mes de agosto.


¿Y qué dice la autoridad mientras tanto? A mediados de julio, el día 11, la doctora Schmelkes, del INEE, declaraba que un punto a analizar de la reforma es la posibilidad de ser flexible en la evaluación para los profesores. El día 16 iba más allá: “A pesar de reconocer que la reforma educativa tal como está aprobada pudiera no ser la que requieren el país y el magisterio para alcanzar una educación de calidad, Sylvia Schmelkes del Valle, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sustenta su rechazo a una modificación legislativa de fondo, porque llevaría mucho tiempo y podría generar cosas que ni siquiera están previstas. En entrevista con La Jornada, anunció que entre las medidas que podrían aplicarse a la próxima etapa de la evaluación del desempeño –contemplada para noviembre– está cambiar su naturaleza para hacerla voluntaria”.


Dos cosas a rescatar: la negativa de Schmelkes a una “modificación legislativa de fondo” y el que la evaluación docente sería ‘voluntaria’ en noviembre. Consideramos desde este espacio que las dos afirmaciones son perfectamente compatibles y sigo aquí las palabras de Gilberto Guevara Niebla en su columna semanal del primer día de agosto (La CNTE: maximalismo o negociación): “La formulación maximalista es un juego de todo o nada. Esta rigidez es el verdadero punto débil de la coordinadora”. Y concluye su idea con una afirmación que respalda lo que estamos escribiendo aquí. “Para todos es evidente que una solución parcial es razonable”. Excelente el que Guevara Niebla diga que hay puntos medios viables, razonables, de coincidencia, entre los inconformes y el gobierno.


Para responder esto debemos partir de una premisa: el conflicto magisterial va para largo. No vemos desde aquí una solución en el corto plazo mientras el gobierno federal y muchos estatales son los más desgastados con los renacidos problemas de corrupción e impunidad (que hasta el PRI se escandalizó, que ya es bastante, y plantea expulsiones). Se desinfla la autoridad moral, no hay dinero para tutores, no hay para infraestructura ni para una evaluación docente decorosa (dijo la doctora Schmelkes: “metimos números y logística y no alcanza”). Y la premisa más grave que ya comprendieron desde Guevara Niebla (INEE) hasta Armando Ríos Píter (PRD): el problema radica en la evaluación del personal antiguo para efecto de permanencia. Es el principal problema. Dijo Guevara Niebla en la casa Museo Trotsky: “El Consejero del INEE aclaró que la evaluación que está en el centro de la polémica sobre la Reforma Educativa es la ‘evaluación de desempeño’, no la de ingreso ni la de promoción”. Exacto. Por fin alguien pone el punto sobre las haches.


Ensayemos entonces los puntos medios de esa solución razonable. ¿Cuáles podrían ser? Puede modificarse el artículo octavo transitorio de la ley docente (y no puede decir la doctora Schmelkes que esa es una modificación legislativa de fondo), es un transitorio de la ley secundaria, de manera que la reforma constitucional y las reglamentarias quedan intactas. Se intercalan trece palabras en el transitorio octavo para que la evaluación sea optativa y las consecuencias actuales del transitorio (la expulsión del docente de su aula) sea aplicable sólo a quienes opten por las evaluaciones.


Pero supongamos (y es la realidad) que no hay voluntad política de hacer esta modificación legislativa menor de parte de nadie, ni siquiera de parte de ‘la esperanza de México’. Aun estando así las cosas la evaluación docente para permanencia del personal antiguo (‘centro de la polémica’ y carente del suficiente presupuesto) puede ejecutarse por la vía de los hechos como voluntaria sin esa modificación legislativa menor que ya hemos ensayado desde este espacio. Lo que podrían hacer las autoridades es precisamente convocar a voluntarios dentro de cada nivel y subsistema. Técnicamente los no voluntarios estarían a la espera de una evaluación que no llegaría y ya sabemos que en 2015 fue evaluado sólo el 15% del personal nacional, falta el 85%. Imposible. El gobierno salva así el principio de autoridad (que también le preocupa a López Obrador).


Se usaría el escaso presupuesto existente en aplicar la evaluación docente a estos voluntarios antiguos, más sus repeticiones al año de los que no acrediten, más sus repeticiones al cuarto año a los que sí acrediten, más las evaluaciones cada año a los de nuevo ingreso, más los directivos, y a todos ellos, en todas las etapas, verdaderas evaluaciones incorporando el desaparecido Informe de Responsabilidades Profesionales (que firma el director validando el desempeño diario del docente) más la observación en el aula, más la coevaluación. Sería el ensayo íntegro de una solución razonable. ¿Por qué no hacer así la evaluación docente cuando las propias autoridades dicen que la reforma educativa es un proyecto de muy largo plazo? ¿Por qué no hacerlo así cuando el 2018 ya asoma su nariz y su estridencia?


Además, el ruido político estará muy alto en 207 y 2018 y los docentes no tendremos el silencio necesario para ponernos a estudiar.

Twitter @WenceslaoXalapa


domingo, 17 de julio de 2016

EVALUACIÓN DOCENTE VOLUNTARIA * Wenceslao Vargas Márquez


EVALUACIÓN DOCENTE VOLUNTARIA

Wenceslao Vargas Márquez

En algún comentario anterior hicimos una brevísima lista de las grietas políticas que presentaba la reforma educativa y su más sensible arista que es la evaluación docente al personal antiguo. No anotamos en la lista a López Obrador y dijimos las razones:


No anoto a López Obrador como tercera fisura porque le ha faltado la seriedad que conlleva implicar en su discurso una agenda y un cronograma, con más razón si tiene a su favor una bancada federal de legisladores. No lo hace. López no precisa qué persigue y sólo habla de meras generalidades ante auditorios adictos como con el quinto punto anunciado en su marcha del domingo 26 de junio en la ciudad de México donde la principal televisora privada del país le reconoció haber reunido 50 mil personas. Narra hechos y nada propone sino marchar y marchar, nunca dejar de marchar (…) Sólo él sabe por qué declara y declara y marcha y marcha y no presenta iniciativas de ley que modifiquen lo que pueda estar mal. Es su cálculo presidencial; está bien”.


Ahora sabemos ya las razones del silencio legislativo de Morena. Resulta que ante cierto comunicador matutino, adventicio notario, vía radiofónica, López Obrador avisó -para sorpresa de tirios y troyanos- que está de acuerdo con la reforma educativa (jueves 14 de julio) y pide que no se anule porque no le gustaría gobernar al país sobre escombros ahora que gane (y su triunfo en 2018 está cada día más cerca, gracias a las reformas estructurales, la corrupción y la impunidad).


Puede describirse este hecho de otra forma: López Obrador firma el 14 de julio de 2016 el Pacto por México, a posteriori, tres años y medio después, y se pone en la tesitura del PAN, del PRI, del PRD, de Mexicanos Primero, del INEE, de la Iniciativa Privada, incorporado López a esa lógica uniformidad que sostiene a la reforma educativa desde el régimen. Desde ese día ya no existe en lo educativo la disyuntiva Morena o los Otros; desde el día 14 de julio la copulativa (me refiero a lo gramatical) es los Otros y Morena (en ese orden). El comportamiento político es raro: Morena se mueve desde la estridencia protestante al discretísimo alineamiento con el oficialismo en el tema educativo vía un radiofónico Amlo; por el contrario, el PRD, que firmó el Pacto por México en las elegantes mesas del oficialismo va ahora hacia la ruptura light con el régimen al reunirse con la CNTE bajo agenda y cronograma para desandar todo lo que pueda de lo andado mientras los astros terminan de alinearse.


Y resulta que un astro mayor, Schmelkes, presidenta del INEE, rechaza una modificación de fondo a la reforma educativa (estilo López Obrador) pero en entrevista (La Jornada, 16 de julio), “anunció que entre las medidas que podrían aplicarse a la próxima etapa de la evaluación del desempeño –contemplada para noviembre– está cambiar su naturaleza para hacerla voluntaria. Reconoció que ante una revisión global de los procesos de evaluación, algunas modificaciones podrán llevarse a cabo de forma inmediata, pero muchas se tendrán que ir programando para años futuros”.


Esto que dice la doctora implica modificar el octavo transitorio de la ley docente. No debe preocuparse la doctora Schmelkes. López Obrador propone (se supone que empujaría a su bancada en ese sentido) el plazo del primer día de septiembre para modificaciones legislativas secundarias (estilo Schmelkes) sobre las que ya trabajan algunos otros partidos políticos. Y aquí cabe sin prisas la propuesta de modificación para hacer de la evaluación docente un acto voluntario, optativo, para el personal que ya estaba en servicio antes de entrar en vigor la ley del servicio profesional docente.


Qué bueno que se sabe que el INEE no le ve objeciones serias. Además, ya hemos dicho que indudablemente habrá personal voluntario por varias razones. Una de ellas (entre otras que ya hemos anotado) es la legítima búsqueda del incremento económico del 35% de aumento salarial. Esto no es obstáculo para que personal que optativamente no se evalúe pueda participar en los cursos de regularización que se han autorizado.


La doctora Schmelkes ha informado también que la única (“única”) forma de evaluar a un docente es observarlo en el aula pero que cuando pretendieron en el INEE echar a andar el procedimiento, “metieron números”, dice, y desistieron. Todo es dinero. Al cuello de botella económico de la falta de dinero para las evaluaciones correctamente manda hay que sumar algo de lo que pocos hablan: los programas de retiro que se autoricen al personal antiguo que deba ser retirado del servicio por no acreditar tres evaluaciones consecutivas. Se necesita ese dinero para fines del 2017 pues ya un grupo de docente va a su segunda evaluación en noviembre del año en curso para efecto de permanencia en el empleo y tendrán su tercera evaluación y eventual retiro el año que viene. Al dejar de ser obligatoria la evaluación, al ser voluntaria, será menor la cantidad de personal antiguo (y por tanto de presupuesto federal 2017) que invoque el pago por retiro.


Los días por venir serán intensos: el martes 19 de julio se debe instalar la mesa educativa Segob-CNTE, el miércoles 20 la SEP presentará el nuevo modelo educativo que es por donde debimos empezar, el jueves 21 la mesa social Segob-CNTE, mientras se mantienen las mesas permanentes SEP-SNTE y Legislativo-CNTE. Lo educativo ya no deja espacio para caminar si no es zigzagueando buscando no golpearse las caderas: todo está lleno de mesas. Y en medio del espacio saturado de mesas debemos tomar nota de una declaración presidencial y de dos plazos que convergen:


La declaración es una (inusitada como la de López) del presidente Peña tolerando, autorizando discutir el tema educativo en el legislativo federal. No tenemos registro de una declaración presidencial así en los meses recientes. La dio el presidente el sábado 16 de julio (misma fecha de las declaraciones de Schmelkes) al final de una carrera en la que participó con su Estado Mayor y eso abre otro espacio de discusión y flexibilidad.


Las fechas que convergen son llamativas. Nótese: le dijo la SEP al SNTE que el procedimiento de evaluación docente corregido estará listo en 45 días. Este plazo se vence el último día de agosto. A su vez Amlo recomendó el día 14 de julio que antes del primero de septiembre, es decir del mismo 31 de agosto, se revise la reforma educativa en el legislativo. Los plazos son los mismos. ¿Por qué? ¿es sólo coincidencia?


López Obrador habló el día 14 y dejó sola a la CNTE en su lucha por la eliminación total de la reforma educativa con todas sus implicaciones y consecuencias. Es su cálculo político (que no atinábamos a desentrañar) rumbo al 2018.

Se ha puesto mediador, reflexivo, prudente, pactista, al grado de que, a  veces, he llegado a confundirlo con Gil Zuarth.

@WenceslaoXalapa


domingo, 10 de julio de 2016

EL SNTE Y EL CORO ALTO * Wenceslao Vargas Márquez


EL SNTE Y EL CORO ALTO

Wenceslao Vargas Márquez

La reforma educativa, realmente administrativa y laboral, gana críticos día con día. Columnistas y analistas que veían en la reforma y en la prisión de Elba Esther Gordillo la solución de todos los problemas educativos de México cambian parcial o radicalmente de perfil. Una columnista de derechas (en un diario de derechas) escribió recientemente: “Comencé a relativizar los llamados de Mexicanos Primero. Siempre me habían parecido pertinentes. Pero ahora me preguntaba si tenía caso la descalificación en un gremio con espíritu de cuerpo. A todos nos toca cerrarle el paso a la antipolítica, destinada al ruido y a la anulación del diálogo. Vayamos al reclamo de la política y de soluciones a cargo de funcionarios dispuestos a escuchar a la gente. Estamos en México. No es Finlandia”, (cfr. Magisterio agraviado, 9 jul 2016).


Otros por definición neutrales, como la Iglesia Católica, comenzaron a tomar partido vigoroso y público por los docente inconformes a través de sus obispos, los de Chiapas, Lona Reyes de Tehuantepec, Vera de Saltillo - que viajó incluso a Monterrey a alentar a los docentes. El 6 de julio la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice por sus siglas) pidió la suspensión provisional de la reforma educativa. Dijo: “La legitimación del movimiento magisterial ya no pende del tema educativo sino del malestar social, de la insatisfacción ciudadana. Puede incluso echarse para atrás la evaluación magisterial, y de todos modos quedará la sensación de un gobierno trunco en las expectativas”.  


El grupo crítico más notorio y persistente ha sido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, grupo interno del SNTE) pero es falso que el SNTE formal entre al tema por primera vez con su desplegado del 7 de julio y su planteamiento de los 10 importantísimos puntos. Lo que ha pasado es que el SNTE ha tenido gravísimos problemas de comunicación, repito, graves, gravísimos problemas de comunicación tanto con los medios y la sociedad como (lo más importante) con los agremiados a pesar de la explosión de nuevas tecnologías en que basa su información desde la ciudad de México (autocomplaciente televisora incluida, ¿quién la ve?).


El error principal al respecto es que el SNTE desea bajar la (su) información bajo control, de manera que llega únicamente a lo que desde adentro llamamos ‘la estructura’, es decir los mandos sindicales medios de manera que la información no pasa del comité delegacional que es el renglón previo (en el organigrama) al personal de banquillo que se halla dando clases.


Hace un año,  en julio de 2015, el CEN del SNTE publicó su enésimo reclamo contra el proceso de la reforma educativa y en particular contra la evaluación docente. Escribió el CEN: “Es obligación del INEE y las Autoridades Educativas que las evaluaciones se apliquen de manera objetiva, transparente, justa e imparcial y garantizar que de ninguna manera tengan un carácter punitivo”. Ahí está el reclamo del CEN del SNTE (no es el único) y ahí está el error en la pésima transmisión de la información para que se entere hasta el último docente de Quintana Roo o de Tijuana. No ocurre. No ocurre porque (también) le falta energía al reclamo del SNTE y porque enseguida salen las fotos en el feis con los representantes sindicales superiores hablando con… con dos o tres o un elemento del comité delegacional, y hasta allí llegó la información, de ahí no pasa, y a pesar de que no pasa de ahí, se sigue insistiendo en el fracasado procedimiento. (Abundan también los ejemplos donde los críticos de la reforma educativa son reprimidos por todas las vías posibles. Uno de los casos se halla en el expediente 3645/2015 de la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México).


Pero volvamos al centro del tema. Lo que realmente se disputa con la reforma educativa es la discusión de dos proyectos de nación: 1) el del desmantelamiento del estado de bienestar, vía la OCDE, para beneficio legal -e ilegal- de las minorías plutocráticas y 2) el proyecto de nación que deseamos las mayorías agraviadas, quienes exigimos que lo que construimos entre todos se reparta equitativamente entre todos, entre todos los miembros de la familia mexicana que aún no logramos ser. Esto es impensable para los beneficiarios de la rapiña. Para muestra otro botón con el que quiero explicarme:


El agravio más reciente es que la autoridad no aplicó el 3.15% de aumento al rubro de Carrera Magisterial del personal de Educación Básica que ostenta alguno de sus niveles. El encargado federal del área le explicó a un diario nacional de la siguiente forma: “(Pero en esta ocasión) en la respuesta al Pliego General de Demandas a la organización sindical (dado a conocer el 15 de mayo) no está la expresión de que se incrementa el estímulo de Carrera Magisterial. Es un estímulo, no es salario, y el costo de esto, para los 512 mil 408 maestros, nos cuesta (a la SEP) 53 mil millones”, expresó. “El programa de CM, agregó, creció sin control y sin aportar ningún beneficio para los estudiantes, salvo para los maestros (http://bit.ly/29xg7jd)”.


Lo traduzco despacito para entenderle: La Carrera Magisterial muere con la reforma educativa por dos razones: porque es muy cara (53 mil millones de pesos) y porque beneficia a maestros (¡recontra sic!). Leamos transversalmente el dato para entender el tamaño de las cifras: La prensa consigna que existen denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el desvío de recursos valuados en al menos 35 mil millones de pesos presuntamente desviados por la administración veracruzana que acaba. Esta cifra es por denuncias de monto conocido en crematístico numerario, más las cifras no conocidas, más lo que se acumule de aquí al 30 de noviembre. Sumado todo, ¿llegamos a los 40, 50, 60 mil millones de pesos en Veracruz? ¿Y lo federal? ¿Y los otros estados? Es pregunta: ¿estamos lejos de los $53 mil mdp que cuesta nacionalmente Carrera Magisterial? Creo que no.


Por esos las quejas del magisterio mexicano ante una clase política (así les gusta que les llamen) autista, cerrada, ciega, empecinada en sentirse que son los únicos ganadores que medran rapaces sobre los escombros de nuestra desfalleciente república. ¿Tendrán conciencia de ello?


El gobierno puede salir airoso del trance actual en la energizada discusión acerca por la reforma educativa. Tiene la salida perfecta en justificar la falta de recursos para aplicar una debida evaluación y en modificar el octavo transitorio de la ley docente (intercalando trece palabras). Mientras, esperemos que se cumplan las mesas de discusión prometidas por los gobiernos de Nuevo León, de Michoacán, del grupo legislativo del PRD (que tiene agendada una reunión para el miércoles 13 de julio con la CNTE) y el de la CNTE con Segob.

Desde luego, debemos esperar también del SNTE, que no puede permitirse salir de la mesa del Coro Alto con las manos heladas o vacías.

@WenceslaoXalapa

domingo, 3 de julio de 2016

LEY DOCENTE Y CATORCE PALABRAS * Wenceslao Vargas Márquez


LEY DOCENTE Y CATORCE PALABRAS

Wenceslao Vargas Márquez


Ante la implementación de reforma educativa apenas dos recientes grietas se han presentado en la visión monolítica que tienen de ella los políticos. Son de los días 29 de junio y 1 de julio. Son la del Grupo Parlamentario del PRD (GP-PRD) y la del gobierno de Nuevo León (G-NL).


No anoto a López Obrador como tercera fisura porque le ha faltado la seriedad que conlleva implicar en su discurso una agenda y un cronograma, con más razón si tiene a su favor una bancada federal de legisladores. No lo hace. López no precisa qué persigue y sólo habla de meras generalidades ante auditorios adictos como con el quinto punto anunciado en su marcha del domingo 26 de junio en la ciudad de México donde la principal televisora privada del país le reconoció haber reunido 50 mil personas. Narra hechos y nada propone sino marchar y marchar, nunca dejar de marchar (http://bit.ly/1XogYHI). En línea recta ya estaría a dos cuadras y media de arribar a Saturno. Sólo él sabe por qué declara y declara y marcha y marcha y no presenta iniciativas de ley que modifiquen lo que pueda estar mal. Es su cálculo presidencial; está bien.


Por el contrario, el GP-PRD (¡vaya!) presenta una iniciativa de ley y el G-NL una mesa de diálogo con un cronograma que empieza el lunes 4 de julio a las once de la mañana. El PRD propuso al Congreso de la Unión el 29 de junio en la “Ley Para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos Para la Educación” la creación de una Comisión con cinco diputados, cinco senadores, cinco representantes del Ejecutivo federal, cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cinco de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Dicha Comisión deberá organizar de inmediato diferentes mecanismos de participación democrática y deliberativa con los diversos sectores de la sociedad a fin de lograr y presentar ante las cámaras del Congreso, en máximo seis meses (diciembre de 2016), una propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional. Equivale a corregir su participación en el Pacto por México, una revoltura de catarsis y Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.


El otro caso es el gobierno de NL. El viernes 1 de julio emitió un boletín que incluye un audio de 24 minutos (http://bit.ly/29mbnPz) explicando su interés en revisar la reforma educativa para dar respuesta a la inquietud magisterial de Nuevo León que incluye trabajadores de las dos secciones locales del SNTE.


Estas dos extrañas grietas en la uniformidad política son completadas por posturas que se inclinan por el diálogo y la revisión legal de la reforma educativa por parte de obispos y arzobispos y católicos de a pie. Lona Reyes, obispo de Tehuantepec incluso ofició una misa en el espacio de un bloqueo carretero del magisterio en Juchitán. Se sabe que el primer ministro de Canadá manifestó una postura similar; Jorge Castañeda cada día está menos convencido de las bondades de la reforma. El sindicato de la Normal xalapeña, otro tanto, y el rector de la UNAM y estudioso especialistas de la educación como Manuel Gil Antón o Alberto Arnaud o Díaz Barriga. Ninguna de estas voces hace mella en el gobierno bajo la inexplicable explicación (sic) de que las leyes (esta ley) no pueden modificarse. Increíble.  


¿Por qué habría de modificarse la actual modalidad de evaluación docente?

Lo repetimos: 1) No incorpora el día al día del docente pues fue anulado en noviembre el Informe de Responsabilidades Profesionales que debe validar y firmar el jefe del docente, director o supervisor; 2) No incorpora la observación en el aula que daría sentido a una evaluación adecuada; 3) Plana, no toma en cuenta el contexto regional y sociocultural a que la obliga la misma ley docente en los artículos 14, fracción III y 68 fracción VI; 4) La impulsa y aplica una clase política impresentable que carece de la autoridad moral para decidir y ejecutar ceses docentes mientras crece para el 2018 el voto antisistema con López Obrador a la cabeza, quien se dedica a cosechar sentado (bueno, marchando) todos los errores y abusos de la clase política actual; 5) Un examen de opción múltiples (rellenar bolitas varias horas) no hace una buena evaluación; 6) Redactar, planear didácticamente en línea, contra reloj, una clase, no garantiza que quien acredite el ítem realmente concrete en el aula lo que escribió (se trata de redactar bonito no necesariamente de vincularlo a la realidad); 7) Porque la evaluación no la redacta el INEE (agente gubernamental) sino el Ceneval que es una asociación civil (un puñado de particulares). 

Ni algunas ni todas la herramientas sirven para validar a un buen docente y a sus 10, 20 o 30 o más años de servicio o su idoneidad para el ingreso.

Evaluación sí, pero no así, dicen algunos. El sábado 2 de julio la CNTE (grupo interno del SNTE) dijo que la evaluación docente de ese día se cancelaba en Oaxaca por un acuerdo con Gobernación. ¿Si esto es cierto, por qué no mejor modificar la ley?


Habrá personal docente de sobra para incorporarse a las evaluaciones voluntarias, es definitivo. Unos porque están convencidos de las bondades de la ley, otros porque ven un héroe nacional en la cabeza visible del grupo de la ultraderecha nacional que empuja mediáticamente en favor de la reforma educativa y de sus concomitantes privatizaciones (Escuela al Cien, cuotas de padres, proveedores, etc.), otros porque aspiran legítimamente a la pecuniaria compensación económica del 35 o 24% o los ascensos, otros porque se alinearían a su representaciones sindicales o a su ente patronal, otros porque sí. Habrá quien no desee evaluarse pero sí incorporarse a los cursos de regularización. Las opciones son muchas pero se implica una flexibilidad política que no se asoma.


¿Qué ganamos con que las evaluaciones sean voluntarias? Ganamos quitarle presión al conflicto político, dedicar más presupuesto a las evaluaciones voluntarias, más presupuesto a las evaluaciones obligatorias del nuevo ingreso y al retiro voluntario contemplado en la ley, todo esto cuando apenas ha sido evaluado en 2015 el 10% del personal contemplado en el transitorio 8. Van (fuimos) 150 mil; somos más del millón y medio y no hay dinero. La sensatez ordena reconsiderar ante la falta de recursos (mermado por Brexit, la devaluación, los recortes y el peculado) y ante el problema político. Más dinero per cápita invertido en el proceso de cada docente evaluado sería la recompensa ante la modificación legal.


Ya proponíamos aquí, y repetimos, una propuesta de redacción: Los artículos constitucionales 3, fracción III, y 73, fracción XXV, quedarían (subjuntivo) intactos. La secundaria Ley Docente se modificaría en sólo un transitorio, el octavo, para quedar como sigue. Las cursivas negritas entre paréntesis son las modificaciones propuestas ya intercaladas en trece palabras. Diría:


Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, (optativamente) se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal (que haya optado por las evaluaciones y) que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”.


El personal que (habiendo optado por las evaluaciones) no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.


Esas son las trece palabras. La catorce es cuándo.

@WenceslaoXalapa

domingo, 26 de junio de 2016

LEY DOCENTE: TRECE PALABRAS * Wenceslao Vargas Márquez


LEY DOCENTE: TRECE PALABRAS

Wenceslao Vargas Márquez

Escribimos en diciembre de 2014 a propósito de las 43 muertes de Ayotzinapa de septiembre del mismo año (cfr. Hoy, el ogro misantrópico) que en México, los poderosos asesinan a los débiles desde la matanza del Templo Mayor en mayo de 1520, siguiendo Tomóchic en 1891, Madera en 1965, Tlatelolco en 1968, y luego Tlatlaya y Cocula y Ayotzinapa y en medio de ellos larga notas de desolación y desesperanza.


Todas la veces los gobernantes juran que será la última vez y que se tomarán medidas para que algo así no se repita, pero a la magra lista anterior hay que sumar las fosas de Tetelcingo con más de un centenar de muertos y Nochixtlán con su decena de muertos, un centenar de heridos, en una desgracia que quedará –seguramente- impune.


Todos estos han sido actos del Estado contra la población. Y es que el Estado es el ogro de la película según lo hacen ver los más dispares pensadores de la humanidad. Nietzche lo definió como el más frío de los monstruos fríos. Weber como el monopolizador de la violencia legítima en su territorio. Hobbes sugirió en su Leviatán (de 1651) una literaria, poética, descripción del Estado basada en la Biblia, (la mención de Job 41:24 adorna la portada). Es una narración como la que describe al Endriago derrotado por Amadís de Gaula, el maravilloso héroe que enloqueció a Don Quijote. Hobbes comparó al Estado con el monstruo mencionado en Job; ese monstruo es el Leviatán. Leamos:


La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro; están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego; centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas; están en él firmes, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir; las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas; imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca; animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta; es rey sobre todos los soberbios”.


Este es el monstruo que se apareció en Tomóchic, en Madera, en Tlatelolco, en Tlatlaya, en Cocula, en Ayotzinapa, y ahora en Tetelcingo y en Nochixtlán, y que se seguirá apareciendo más y más veces porque nada hay que lo contenga. Hoy no hay en México un Amadís de Gaula que frene al sangriento Endriago-Leviatán.


Docentes de Nochixtlán y de otras partes del país han reclamado la cancelación o modificación de la reforma educativa o de la ley general del servicio profesional docente. Dicen los voceros del régimen que no se puede. Pero la ley 3de3 del corriente junio de 2016 se pudo modificar por la presión de los empresarios. Se sabe quién manda. Dicen los senadores Romero Hicks (PAN) y Barbosa (PRD) que están en la mejor disposición de escuchar propuestas. Van más allá que López Obrador que dispone de una bancada legislativa federal y dice que apoya pero no dice cómo. Van para los tres la reflexión de que es más fácil modificar la ley secundaria que la constitucional y van para los tres una propuesta de redacción. Los artículos constitucionales 3 fracción III y 73 fracción XXV quedarían (subjuntivo) intactos. La secundaria Ley Docente se modificaría en sólo un transitorio, el octavo, para quedar como sigue (las cursivas en negritas son las modificaciones propuestas ya intercaladas):


Modificado, diría:

Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, (optativamente) se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal (que haya optado por las evaluaciones y) que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”.


“El personal que (habiendo optado por las evaluaciones) no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.


Trece palabras intercaladas. Se entiende que el artículo 53 de la misma ley quedaría (subjuntivo otra vez) intacto para el personal contratado del 2013 hacia adelante con la nueva legislación que contempla el cese ante tres evaluaciones fallidas. Ya se sabe que los docentes antiguos, contratados antes del 2013, al optar voluntariamente por las evaluaciones del octavo transitorio modificado están confiando en dos cosas: 1) en sí mismos y 2) en el Leviatán. Habrá voluntarios de sobra, es definitivo. Entiendo también que esta propuesta no cabe en la lógica impolítica del todo o nada que hay en las partes que dialogan en estos días en la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México para destrabar el conflicto.


La explicación de nuestros gobernantes es que la reforma educativa es una herramienta que rendirá frutos a largo plazo, 10, 20, 30 años. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE dijeron en mayo de 2015 en el informe “Competencias básicas universales, lo que los países pueden ganar” (Club de Banqueros, CdMx) que se necesitan 25 años. ¿Es así? Entonces, con esa visión de largo plazo se procede a la modificación del transitorio para sacar del proceso a una porción del personal antiguo y entonces vamos todos a mejorar la evaluación docente actual para que incluya dos cosas que actualmente no tiene: 1) El Informe de Responsabilidades Profesionales que es una radiografía del día a día del docente; y 2) la observación física en el aula que el INEE no quiere hacer.  


El mensaje contenido en el presente texto está destinado principalmente a los senadores que quieren propuestas para actuar: Romero Hicks (PAN) y Barbosa Huerta (PRD). Aquí están, son trece palabras; la tomarán porque la propuesta le quita presión al presupuesto, la tomarán porque le toca al legislativo resolver lo legislativo y no al ejecutivo, la tomarán a menos que padezcan de una vigorosa y paralizante triscaidecafobia.

@WenceslaoXalapa

domingo, 19 de junio de 2016

EVALUACIÓN DOCENTE: LA DISPUTA POR LO CONFIDENCIAL * Wenceslao Vargas Márquez



EVALUACIÓN DOCENTE: LA DISPUTA POR LO CONFIDENCIAL
Wenceslao Vargas Márquez

He de comentar dos posibles anomalías de la ley docente mexicana.

El artículo 79 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, vigente y publicada en 2013 dice lo siguiente acerca de los resultados individuales de las evaluaciones docentes en marcha: “Artículo  79. La  información  que  se  genere  por  la  aplicación  de  la presente  Ley  quedará  sujeta  a  las disposiciones  federales  en  materia  de  información  pública,  transparencia  y  protección  de  datos  personales. Los   resultados   y   recomendaciones   individuales   que   deriven   de   los   procesos   de   evaluación,   serán considerados datos personales”. 

A pesar de esto, privados nacionales han solicitado que la información docente se haga pública, docente por docente, con nombre y apellido, escuela de adscripción y las respectivas calificaciones etapa por etapa de la evaluación docente. Ya en el año 2015 se había ordenado vía judicial que se hiciera pública la información de docentes de las evaluaciones del año 2012 (nótese que entonces no estaba vigente la Ley Docente actual que, como sabemos, fue publicado y entró en vigor en septiembre de 2013. EL pleito duró dos años y al final la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos (INAI) modificó la respuesta de la SEP y le instruyó a entregar la información relativa.

Ahora el tema es que a pesar del art. 79 de la ley docente se difundirán los resultados de las evaluaciones de los años 2015 y 2016 para ingreso y para permanencia (entre ellas la mía, ¡horror!). A través de un comunicado (http://bit.ly/1V7TIaM) del domingo 19 de junio (día del padre, como regalo) el organismo detalló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá precisar el nombre del docente, RFC, CURP, clave de la plaza, nivel, modalidad educativa y centro de trabajo de adscripción con clave en turno (si se puede habría que publicar incluso el apodo).

En cierto momento de los alegatos administrativos “la SEP planteó que hacer del conocimiento de la sociedad en general el nombre de los docentes y directivos evaluados, así como el resultado y las recomendaciones de cada uno representaría un claro perjuicio en su esfera privada y repercutiría en un daño moral” pero al comisionado Francisco Acuña Llamas no le importó. Tienen la palabra los sindicatos magisteriales (el SNTE a la cabeza) que se han comprometido con sus bases de que la información siempre sería anónima.

Ahora contrastemos con los lamentables políticos nacionales y la corrupción rampante en el país. Recién esta semana aprobaron un simulacro de sistema anticorrupción del que quedó excluido el programa llamado 3de3 por el que se habrían obligado a hacer pública su declaración de bienes, su declaración fiscal y su declaración de conflicto de intereses. No quisieron. Y no quisieron alegando entre otros pretextos cínicos justamente ¡la protección de sus datos personales! La ley en México es para el que se deje.

Otro ejemplo de que la ley es para quien se deje es el caso de la prisión de los tres principales dirigentes de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca. Se les acusa a uno de  ellos lucrar con los altos intereses y comisiones de préstamos personales a sus docentes vía una empresa de nombre Etesa. La pregunta es si la Sección 22 es la única sección del SNTE que ha incurrido en ese lucro (en el caso de que sea cierto, certeza que determinará el juez de la causa). A otro de esos líderes se le acusa increíblemente de que se robó unos libros. El (supuesto o real) robo de esos libros de texto es suficiente para ir a prisión por años. ¿Y los que han saqueado el presupuesto en los estados, digamos Veracruz, entre otros? ¿y los políticos responsables de tantas muertes, secuestros y desapariciones en todo el horizonte nacional? Nuestro país es el país de la injusticia centrada en lo que se practica como justicia política.

Para los amigos del régimen justicia y gracia, para los críticos del régimen justicia a secas. Para los docentes evaluados en 2015-16 exhibición y agravio, perjuicio en su esfera privada y daño moral (no lo digo yo, lo dice la SEP según el comunicado del INAI); para los políticos una silenciosa privacidad en sus trapacerías impunes y su negativa a publicar obligatoriamente su 3de3.

Fijemos la atención ahora en otra de las actuales posibles anomalías de la ley docente. Es incontestable que esta ley dice que quien repruebe las tres evaluaciones será cesado (art. 53). Es en un transitorio, el octavo, donde -como en una especie de pie de página- se exceptúa temporalmente de este cese al personal contratado en 2013 o antes. Pues bien, causa de cese es incluso no presentarse a los cursos de regularización que se ofrezcan al personal “no suficiente”. Dice el segundo párrafo del citado transitorio 8: El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”. Me temo que muchos colegas no tienen presente esta disposición.

Al respecto, el problema radica en que el personal que no resultó suficiente en su primera evaluación está siguiendo unos cursos en línea donde a pantalla completa se informa que sólo se le dará constancia de participación a quienes obtengan 8 o más de calificación. ¿Cómo probará entonces quien tenga 7.9 o 7.1 o 6.5 que efectivamente asistió a los programas de regularización para no caer en el supuesto del transitorio 8? No tendría como probarlo y podría ser cesado.

Lo más grave de este hecho es que se estaría generando una etapa evaluadora extraoficial, acompañada de cese, entre dos sucesivas evaluaciones oficiales que no contemplan el cese. Además el personal docente contemplado en el art. 8 transitorio está obligado a incorporarse pero no está obligado legalmente a acreditar estos cursos de regularización, vamos, ni siquiera está obligado legalmente a aprobar las tres evaluaciones oficiales del INEE. Recordemos que si no la acredita “sólo” es cambiado de área.

Concluyamos buscando una perspectiva común a los entredichos en que se hallan en este momento los artículos 79 y transitorio 8, segundo párrafo, de la Ley General del Servicio Profesional Docente:

Son dos hechos que deben ser prontamente aclarados para que los docentes conozcamos sus alcances e implicaciones legales y administrativas pero mientras eso ocurre está inerme el personal “no suficiente” que se halla en cursos de regularización, con la amenaza de un posible cese por no obtener un 8 de calificación; inermes también ante el daño moral y el perjuicio en mi esfera privada (lo dijo la SEP) por publicarse los datos privados de la evaluación docente 2015-16; amenazas que de pronto saltaron de entre los matorrales y se colocaron –ululando- en el centro polvoroso de nuestro camino.
@WenceslaoXalapa